La III República vive en mi armario

Foto de Sophoco

Cuando era estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, un grupo de compañeros y yo decidimos organizar un debate monarquía/República en el salón de grados de la facultad. Organizábamos bastantes debates y conferencias a lo largo del año, y aquél parecía tan fácil de montar como cualquier otro. Normalmente los ponentes que escogíamos estaban encantados con la oportunidad de hablar en una Facultad que tenía fama por lo activa y lo movida que siempre estaba. Nadie jamás nos llegó a pedir cobrar dinero por venir, excepto un editor que, obviamente, se quedó en su casa.

A la hora de escoger ponente que pudiera defender el bando republicano tuvimos que ser muy cuidadosos. No queríamos a alguien anclado en los conceptos de la II República, un guerracivilista más, que nos replicara los eternos –y necesarios- debates de vencidos y vencedores. Terminamos por contactar al ponente que consideramos más adecuado, quien aceptó sin ningún tipo de duda, y rechazando los múltiples ofrecimientos que recibimos cuando buscábamos nombres adecuados.

Pensábamos que el escoger a un ponente monárquico sería sencillo. Al fin y al cabo, el orden constitucional no hacía tanto que se había establecido, y muchos de los excompañeros de política de profesores nuestros habían estado metidos de lleno en la restauración borbónica del 78. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos que, uno a uno, los ponentes iban rechazando la invitación de debatir sobre el tema. Incluso rehusaban simplemente defender la monarquía borbónica sin necesidad de establecer un diálogo con el defensor de la república. Ni tan siquiera la que luego sería ministra y que venía de una de las familias más afectas al régimen osó situarse en esa posición. Llegamos, a la desesperada, a llamar por teléfono a la casa real, indicando nuestra solicitud de un ponente. La respuesta aún fue más esperpéntica: “Eso tendrá que hacerlo… un duque o un conde… pero aquí no podemos ayudar”.

Tal fue nuestro bochorno ante la situación que suspendimos el acto y declaramos el debate ganado por los republicanos por incomparecencia del rival. 3 a 0 y nuevo orden político, vamos.

La reflexión que tuvimos en aquellos días es que aunque la monarquía borbónica es nuestro régimen político actual, no existían verdaderos defensores de ella desde el punto de vista politológico moderno. Debe ser difícil defender un régimen donde lo importante es de dónde saliste, no de dónde viniste. Todo lo contrario que la República que, más allá del debate histórico y guerracivilista, encuentra defensores en las diversas áreas de la Ciencia Política o la Economía. Pero, si miramos al ámbito público, a la agenda del debate político de nuestro país, ¿está el régimen borbónico en entredicho?

El Caso Noos y otros casos judiciales de corrupción política han sacado a la luz los tejemanejes de la familia real para la obtención de prebendas económicas y la asignación sin concurso de contratos públicos. A raíz de este tipo de corruptelas se está poniendo en cuestión cualquier acción de Juan Carlos que hasta ahora pasaba desapercibida. Ya sea la caza de elefantes en Botsuana, la voluntad de llevarse consigo a una persona íntima a los viajes oficiales, o incluso se cuestiona su papel como embajador económico del país –curiosamente nunca hablaba de servicios públicos y Estado del Bienestar cuando iba de visita oficial, ni se llevaba a los gerentes de las empresas públicas españolas para que pudieran aprender y enseñar en otras empresas públicas de otros países.

El Caso Noos ha sido paradigma de la defensa de la restauración borbónica que han realizado todos los medios y personajes públicos de este país. Notable fue que todos los suplementos dominicales de un domingo de noviembre de 2011 –en el primer momento bajo del juancarlismo- llevaran monográficos de diversos tipos alabando la figura de Juan Carlos y, tangencialmente, de Sofía. Como notable está siendo ahora la nomenclatura que utilizan los diarios del régimen borbónico para referirse a las acusaciones o insinuaciones de Diego Torres en el tribunal. Mientras que los correos de Torres apuntan claramente a Juan Carlos, los titulares periodísticos le refugian en el nombre más genérico de casa real.

Con todo, a pesar de que el sentir general de la ciudadanía está en la indignación para con el régimen borbónico, el debate público comienza a girar en torno a la figura de la abdicación o la sucesión, y no en torno a la figura del cambio de régimen. Tal es así que cuanto menos lo esperemos Juan Carlos firmará la abdicación o fallecerá y el debate público –de inagotable luto- terminará coronando a su hijo Felipe, quien heredará un país y unas prebendas políticas y económicas como quien hereda un huerto.

Es momento, por tanto, de configurar un espacio público republicano en España. De que comiencen a surgir figuras públicas de –hasta ahora- privado republicanismo y que se posicionen públicamente a favor de un cambio de régimen. De que giremos el debate público monárquico, centrado en la figura del juancarlismo, y comencemos a realizar ese debate monarquía/República que nunca fuimos capaces de organizar. Los monárquicos están en los medios de comunicación de masas, y los republicanos estamos metidos en el armario.

En esta estrategia las redes sociales han de poder romper el medio de comunicación tradicional. Por eso, desde aquí, se ofrece una propuesta centralizada y otra descentralizada para realizar una acción que, suficientemente grande, incida en los medios tradicionales. Ambas consisten en la realización de vídeos de menos de 1 minuto, colgados en YouTube y difundidos en las redes sociales (#YoSoyRepublicano) donde la persona en cuestión afirme “Yo soy republicano”. Por el lado descentralizado, consiste en que todos los ciudadanos que se quieran sumar cuelguen su vídeo y lo difundan por sus redes sociales, utilizando el hashtag antes mencionado. Sería bueno establecer un día concreto de subida de estos vídeos, para aumentar el impacto. Por el lado centralizado, necesitamos a alguien que sea capaz de recoger las grabaciones de diversos personajes públicos, gente del mundo de la política, la cultura, el deporte, el periodismo, etc. que se sienta republicano y quiera salir del armario.

Con esta acción se podría iniciar a romper el muro del debate público que se ha creado en torno al republicanismo. A partir de aquí surge la necesidad de estructurar un argumentario republicano actual, dejando atrás el debate sobre la II República que ha capitalizado la derecha monárquica. 

¿Afecta la corrupción a nuestro nivel de participación política?

Foto de Daquella Manera

Presionar la tecla F5 para recargar la página web del diario elegido se está convirtiendo en ejercicio de obligado cumplimiento en España. A cada golpe de falange, el lector descubre un nuevo escándalo de corrupción en sus instituciones políticas. Los titulares impactan, por mucho que a Mariano Rajoy le tengan sin cuidado, y el clima del todo vale está  dando paso, poco a poco, a un clima de indefensión de la ciudadanía, ayudado por los conflictos bancarios con las hipotecas –que afectan principalmente a las extintas clases medias. Vivimos en sociedades dependientes de su gobierno político, y si no existe el imaginario puente de autocontrol entre gobernantes y gobernados, la relación se rompe dejando paso al desamparo.

Acompañando a los titulares sobre corrupción política últimamente vemos en los medios de comunicación diversas expresiones de movilización. Desde los movimientos sociales de cariz político hasta las iniciativas solidarias de bocadillo callejero. Todos juntos, con un aspecto positivo pero también negativo, nos harían pensar que tras la corrupción viene la tempestad de la movilización y la tan ansiada –por muchos- sociedad comprometida con su política. Esta relación que percibimos entre a mayor corrupción mayor movilización política ¿es realidad o es fruto del efecto altavoz de los medios de comunicación y las redes sociales?

A la hora de participar políticamente, la única manera de contabilizar dicha participación consiste en los votos electorales. La participación electoral, la posibilidad real de que una sociedad cambie de gobierno –con las limitaciones que cada ley electoral pueda tener- es real, y es aquí, digamos, donde uno se juega el partido –en el más amplio sentido de la palabra.

En el ejemplar de Enero de 2013 de la Revista Internacional de Ciencia Política (International Political ScienceReview), editada por la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA), se publica un artículo de los investigadores Daniel Stockermer, Bernadette LaMontagne y Lyle Scruggs, de la Universidad de Ottawa en Canadá, titulado Los sobornos y los votos: Elimpacto de la corrupción sobre la participación electoral en las democracias. 

Estos investigadores han realizado un modelo de análisis basado en datos de participación electoral e índices de corrupción realizados por diversas instituciones. Pretenden resolver la pregunta antes planteada: El electorado, ¿se moviliza para expulsar (o para apoyar a los corruptos) o la abstención y la desmotivación se acentúan con la corrupción?

Definen la palabra corrupción como malas acciones privadas entre la política y los intereses económicos. Lo que abarca el clientelismo, el nepotismo, la financiación secreta de partidos y los vínculos abiertos y públicos entre dirigentes políticos o funcionarios y el ámbito privado. Interpretan el hecho corrupto como una brusca interrupción de la democracia y la consiguiente pérdida de legitimidad del sistema político.

El estudio observa variables tanto de carácter institucional –leyes de voto obligatorio, tipo de sistema electoral, grado de importancia de la elección-, como de carácter socioeconómico y contextuales –tamaño del Estado, grado de competencia del sistema electoral. Y tiene como variable dependiente el porcentaje de adultos que vota en cada elección nacional, la participación.

Desde este punto de partida, los autores han observado 343 casos, con sobrerrepresentación de países occidentales, pero donde han tenido cabida desde países con un índice muy elevado de corrupción –como Honduras- hasta países con un grado de control de la corrupción muy elevado, como los nórdicos.

Los resultados del modelo, que en mi opinión están bien fundamentados, son claros. Existe un impacto negativo, significativo y substancialmente relevante de la corrupción en la participación electoral. Hasta el punto de que cada punto ganado en el control de la corrupción hace aumentar en otros seis puntos la participación.

El estudio tiene en cuenta el caso de España, desde 1986 hasta 2008. Pero entre esos 343, España aparece desapercibida y diluida. ¿Se reflejan estas conclusiones en los datos particulares para España?

No se tiene aquí ni el tiempo, ni seguramente capacidad, para replicar el complejo modelo de los autores exclusivamente para España. Y por otro lado éstos sólo ofrecen resultados globales de su modelo. Sin embargo, si analizamos los porcentajes de participación electoral en las elecciones al Congreso de los Diputados y la percepción de la corrupción como un problema primordial para los españoles(en la figura), vemos dos cosas interesantes.

La primera, que la percepción de una situación análoga en cuanto a la corrupción y su coincidencia en el tiempo con unas elecciones generales trajo consecuencias en la participación muy diferentes. En 1996 los índices de percepción de la corrupción eran muy similares a los de 2011, pero la participación se incrementó –ni siquiera un punto- respecto a las elecciones de 1993. Sin embargo en 2011 la participación bajó hasta niveles que no se conocían en los últimos diez años.

La segunda, que los dos declives más pronunciados en la curva de la participación vienen asociados a momentos en donde la percepción de la corrupción era bien diferente. Si en 2000 la corrupción no era vista como un problema, en 2011 la cosa cambió hasta niveles de percepción de 1996.

En ambos periodos electorales -2000 y 2011- donde la corrupción fue interpretada como un problema, el PP logró victorias que ya se podían prever durante las campañas electorales. Son momentos en los que el PSOE no logró convencer al electorado para lograr la responsabilidad de gobierno. Se podría decir entonces que la movilización política de izquierdas se ve atenazada e incapaz de resolver los problemas con la percepción de la corrupción entre su potencial electorado.

Si asumimos, como parece evidente, que las movilizaciones sociales que a día de hoy existen son primordialmente de carácter izquierdista, podemos presuponer que el efecto altavoz y el clima de la necesidad del cambio político en la dirección del país están muy relacionados. Y que a diferencia de los titulares de los diarios, la realidad es que la sociedad está desmovilizada y desarticulada políticamente ante el desamparo al que las instituciones políticas le han sometido. Importantes lecciones para cualquier movimiento político de izquierdas que pretenda en un corto plazo ser protagonista del cambio de dirección política de España. Tanto el modelo canadiense, como las observaciones más sencillas de nuestro pasado reciente, invitan a no fiarse del tamaño de letra del titular periodístico o la cantidad de Trending Topics semanales y a hacer más hincapié en el color de la papeleta que se tire a la urna. Toquen cuando toquen las próximas elecciones.

Los círculos de seguridad y la reforma de la sanidad

Foto CC de phalinn

En su libro, La doctrina del Shock, la periodista de investigación Naomi Klein hace un símil entre la organización de la Bagdad ocupada y el sistema de protección que las políticas neoliberales están organizando tanto a escala global como local.

La llamada Zona Verde, consistía en un una ciudad bunkerizada, construida dentro de la ciudad de Bagdad, en donde se alojaban y trabajaban los empleados de las grandes corporaciones invitadas a gobernar Iraq tras la invasión estadounidense de 2003. Alrededor de este bunker, un sistema de seguridad privada y pública se encargaba de controlar los accesos y las incidencias. Más allá del muro sólo había bárbaros.

Los bárbaros, en realidad, eran los ciudadanos y ciudadanas de Iraq. Los mismos a quienes pertenecía ese petróleo, ese servicio de aguas, esa sanidad, ese sistema educativo, y todos los demás elementos estatales que en la Zona Verde se encargaban de comprar, vender y negociar en bares con aire acondicionado y whiskeys de más de doce años. Se creaba así un círculo de seguridad entre los ciudadanos y ciudadanas normales y aquellos gestores encargados de la administración.

En estos diez años el proyecto neoliberal ha logrado provocar la caída de otros países que ni siquiera imaginaba. Grecia, Portugal, Irlanda, España o Italia. En lo que constituye sin duda el avance geopolítico más importante, todos estos países han sido abiertos en canal por la factoría friedmanita, quien ha logrado imponer sus tesis frente a las peticiones keynesianas de más control que se hicieron al inicio de la crisis.

Una de las consecuencias de esta venta al mejor postor de todo lo público ha sido el caramelo de la Sanidad Pública. En España existía desde hace ya tiempo un sistema de cobertura universal, por el que todo el mundo –con residencia legal o no, con empleo remunerado o no-tenía derecho a ser atendido en toda la estructura sanitaria española. Pero utilizando la táctica clásica de comunicación política que podríamos llamar el aprovechao, el gobierno de Mariano Rajoy ha logrado tirar los muros de la sanidad universal y construir otros.

En nombre de una supuesta racionalización y control del aprovechao, se ha roto la universalidad en pos de la creación de diferentes niveles de acceso. Simplificando el decreto ley, en España sólo tendrán acceso a la sanidad pública los ciudadanos españoles y aquellos extranjeros que tengan residencia legal.

Ante estos hechos algunas Comunidades Autónomas han decidido dar un paso al frente y anunciar que ellos sí que atenderán a todo el mundo. Fue el caso de Cataluña, que en plena orgía de amputaciones al presupuesto de su sanidad pública –con escándalo de corrupción incluido- afirmó que en su jurisdicción todo seguiría igual. La realidad es que no.

En Cataluña la reforma sanitaria no ha provocado el mantenimiento de la universalidad, sino la construcción de dos círculos de seguridad más que se añaden a los dos círculos dentro/fuera que ya creaba el Decreto Ley de Rajoy. Se tiene que advertir que una Comunidad Autónoma no es competente para decidir sobre la universalidad, rota por un Decreto Ley. El sistema catalán, como veremos, es un avance respecto a la denigrante legislación española, pero un retroceso si miramos de dónde venimos. También aquí encontramos la implantación de la cultura del aprovechao para justificar la estructura en círculos de seguridad.

El objetivo de la reforma no es otro que mantener atendidas al mayor número de personas posibles. Sin embargo, y dado que no existen controles fronterizos entre Cataluña y sus comunidades vecinas, lo que se impuso aquí fue el miedo a que el no residente en Cataluña tenga como hobby venirse a Barcelona –por ejemplo- a operarse de todo aquello que no le operan en Zaragoza.

Elaboración propia

Por eso, como se puede ver en el gráfico, la reforma sanitaria catalana crea dos círculos más de inclusión/exclusión. Por un lado aquellos migrantes que no trabajan –porque estén ilegales o porque no se han dado de alta en el INSS- pero que tienen un empadronamiento continuado en Cataluña de tres meses tendrán una tarjeta sanitaria catalana que les dará acceso a una asistencia primaria. En caso de que necesiten pasar a la especializada, un comité decidirá sobre su caso.

El siguiente nivel de seguridad consiste en aquellos migrantes que no trabajan, igual que los anteriores, pero que pueden demostrar un empadronamiento continuado en Cataluña de un año. Estos tendrán una tarjeta sanitaria que les permitirá acceder a la atención primaria y a la especializada.

Podría parecer un mero trámite administrativo. Pero el empadronamiento de los migrantes, sobre todo en situaciones de no regularidad, es un camino de difícil recorrido. Los cambios de casa son constante, los abusos que sufren por parte de sus caseros o de quienes le alquilan una habitación, las dificultades que les ponen los propietarios de las casas para realizar el trámite del padrón, los desempadronamientos sin su conocimiento… todo esto hace que la presentación de un padrón continuado de tres meses sea en muchas ocasiones complicado. No digamos ya de un año.

En caso de pérdida del empadronamiento continuado, el migrante tiene que volver a empezar su recorrido desde la casilla de salida. Esto es, volver a empadronarse –periplo que puede tardar unos tres meses en muchos casos-, esperar a estar tres meses empadronado y, sólo entonces, solicitar la tarjeta de atención primaria, esperando a tener un año para conseguir la tarjeta de atención especializada.

Este volcado de energías y recursos en controlar quién tiene o no tiene acceso al sistema sanitario se realiza, precisamente, en un momento en que la estructura de la Administración pública está en retroceso. Parece poco o nada lógico, en términos de eficiencia, emplear las energías del sistema en controlar su acceso y no a controlar otros aspectos del sistema que podrían tener un impacto más profundo en su mantenimiento.

Nos dedicamos a transformar el exiguo Estado de Bienestar que teníamos en un Estado del control. Un sistema burocrático encargado de controlar puertas de acceso que beneficia en última instancia, o al menos no perjudica, a un pequeño grupo de ciudadanos que se encuentran en el centro de los círculos concéntricos y que mantienen su posibilidad de escape frente a la catástrofe –social, económica, política, sanitaria, educativa, etc.- perfectamente intacta.

Los caminos están marcados, y hoy la construcción de la ciudadanía se realiza desde la pertenencia a diferentes círculos de seguridad. Uno puede estar en el primer círculo sanitario, pero en el tercer círculo educativo y en el segundo círculo de ciudadanía política. Se construyen diferentes productos políticos dirigidos al público preeminente, aquel que se encuentra más en el centro de todos los círculos concéntricos de seguridad. Aquel que, en el fondo compra los productos políticos a través de las elecciones y la participación política, tan culpable como el decisor político de este Estado del Apartheid invisible que estamos viendo construir hoy día.

La privatización de la política, o sobre no institucionalizarse

Foto de José Carlos Cortizo Pérez

El fin de la política está cerca. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Sólo hace falta poner un oído un poco fino y escuchar esas voces en el trabajo, en el bar... En la calle, en definitiva, se reproducen las consignas extendidas por los medios de comunicación: la política está podrida. No sirve para nada. Privaticémosla.

Hace unos meses, en Abril, Televisión Española difundió el rumor, dándole carácter de noticia, de que en España había 445.000 políticos. Y las alarmas de las señoras con rulos y de las mentes biempensantes saltaron por los aires. Cierto, el rumor fue difundido por la presidencia del Gobierno, en lo que se suponía que era un ataque directo a su casta y situaba al Presidente en el bando de los ciudadanos. La noticia era tan absurda que rápidamente cualquiera con una calculadora y dos dedos de frente la desmontó. Aun así TVE jamás se retractó. Interpelada por un amigo mío la defensora del espectador de RTVE llegó a afirmar que si bien la noticia era falsa, había servido para generar debate. Rigor informativo, lo llaman.

En realidad la noticia sirvió para allanar el terreno al Gobierno y meses después lo pudimos comprobar. Rajoy anunció en Julio que reducirían un 30% los concejales de los Ayuntamientos de España como medida de ahorro de las arcas públicas. Lástima que no pensara que la mayoría de los concejales no cobran por ser representantes. En realidad esta medida encarecerá en número de votos la elección de un representante público, con lo que facilitará a los partidos hegemónicos su mantenimiento en las instituciones municipales en un momento en que deberían acusar fuertes golpes electorales. Un Golpe de Estado hegemónico en toda regla, oigan. Y aquí paz y después gloria. El fin de la política municipal.

Otro golpe más a la política formal ha sido la decisión de María Dolores de Cospedal, apoyada por el grupo parlamentario del PP en el Parlamento de Castilla La Mancha, de dejar sin sueldo a los representantes políticos en dicho departamento. Sus diputados están protegidos porque todos, excepto dos, son alcaldes o representantes en una diputación o miembros del equipo de gobierno. Pero los de la oposición no. Y así, con esos ecos indiferenciables entre la caverna y muchas modernas plazas de reunión, nos quedamos en la política del Siglo XIX, cuando los trabajadores no podían presentarse a las elecciones por no ser propietarios, cuando la política era el reino de los rentistas. Cuando era una actividad privada.

En realidad el problema que trasciende a todo este desprestigio de la política es mucho más grave, si cabe, que las medidas anti-representantes que lo que en realidad hacen es penalizar a los representantes de los partidos no hegemónicos y debilitar la libre elección de la ciudadanía. El problema real es que el reino de la política sigue manteniendo el control y el poder frente al reino de la economía, y quienes tratan de desprestigiar la política lo saben.

Los ataques hacia la política no vienen de ahora. Durante años, y aún hoy, hemos vivido en el mundo del tecnicismo. Cuando algo no entra en la agenda del discurso político oficial, entregado la mayoría de las veces en divagar sobre identidades, principios o cualquier chorrada que diga el Ministro de turno, es porque era un tema técnico. Con ese escudo de tecnificación se quiere decir que no admite discusión posible. Podemos opinar de todo, pero no de algo que sea técnico. El ciudadano se queda desnudo ante ese debate. ¿Sabe Ud. cuántos funcionarios tenemos? ¿Sabe Ud. cuántas medicinas gastamos? Son cosas que hay solucionar rápida y eficazmente. Se trata de un problema de gestión, no de un problema político. No admite discusión. Y por tanto se queda en el ámbito privado de esta política que estamos privatizando.

El manto del tecnicismo es en realidad un edredón que protege el programa político de las fuerzas hegemónicas. Allá donde la legitimidad no llega, o les obliga a consultar a la ciudadanía, siempre llega el edredón del tecnicismo para calentarle los pies al hegemón. Ahora bien, ocurre que a veces el edredón se mueve y les destapa. Algo así está pasando con este movimiento 15M, que apareció resultando simpático para los hegemones, pensando en cómo podría beneficiarse de él, y que a día de hoy les molesta sobremanera.

La importancia de este movimiento radica en el redescubrimiento de la política. Frente a aquellos que la quieren privatizar, el movimiento social se vuelca en el debate de cada proceso técnico. La política vuelve a cubrirlo todo, sin embalajes, y por tanto la capacidad del ciudadano de recuperar su vida política se convierte en realidad. Frente al tecnicismo, el conocimiento.

Es en este conflicto donde nos encontramos dos puntos clave a ser atacados por el hegemón.

El primero, la Universidad. Durante años, lustros o décadas, las Facultades universitarias de este país han producido carne de primera para la maquinaria de las ETTs al mismo ritmo que producían expertos investigadores en ciencias sociales con el ego completamente relleno de resquemor hacia una sociedad que les ninguneaba frente a los conocimientos prácticos de los ingenieros y las ciencias exactas de otros compañeros de profesión. Ahora estos expertos son redescubiertos por gran parte de la ciudadanía, que quieren que le vuelvan a explicar cómo funcionaba exactamente esto de la política, la economía, la sociología, el derecho. Lo quieren entender para volver a discutir el asunto, una y otra vez, en asambleas de barrio, de distrito postal, de ciudad o de zona metropolitana. De estos vientos, las tempestades de revancha contra la Universidad pública que tenemos hoy día. El hegemón puede consentir ser atacado, pero no le da la gana que lo hagan desde su universidad.

Y como todo es discutible ahora, pues se decide que todo ha de cambiar. Los pactos de la Transición han saltado del Informe Semanal de noviembre de cada año a las calles de cada barrio. Y no han aguantado su nueva condición de sinhogar. Rotos por los aires los pactos, los consensos y las políticas públicas, ahora el movimiento pretende refundar los cimientos de la democracia española, al hilo de lo que pasó en Islandia y nos lo quieren ocultar (sic). Y aquí es donde llegamos al segundo punto de ataque que realiza el hegemón.

Poco a poco, sutilmente y con la ayuda del mismo movimiento social, hemos pasado de nombrar al 15M a nombrar al 25S. El movimiento 15 de mayo nos traía imágenes de asambleas de primavera, ciudadanos y ciudadanas de todas las edades sentados en una plaza, a la hora del café, debatiendo y construyendo juntos. Nos traían imágenes de resistencia pacífica. Por el contrario el nombre del 25S nos trae violencia contra los representantes del pueblo –a pesar de que no ha habido ninguna agresión, más allá de las agresiones policiacas. El 25S se asocia con un movimiento contrademocrático, en donde no se debate nada en absoluto, que queda en las calles por las noches frente a las alambradas que defienden la casa del pueblo, el Congreso.

Desde este espacio se ha propuesto siempre la institucionalización del movimiento social, más que nada porque no ha habido en la Historia ningún movimiento social que, sin transformarse en fuerza política competitiva, consiguiera el poder. Sin embargo ahora corrijo y cambio de tercio: no os institucionalicéis.

Y lo pido así, en segunda persona del plural, porque efectivamente de institucionalizarse el movimiento social pasaría a competir directamente con las fuerzas hegemónicas, las cuales están esperando el momento en que el movimiento dé este paso para poder decir, en voz alta, que en realidad no era un movimiento social, sino un movimiento partidista e interesado que quería competir con ellos –como si con eso justificara su represión.

Pero para que esto sea posible, para que los objetivos del movimiento social –cargados de motivaciones ideológicas y de programas políticos concretos- puedan ser realizables o, cuanto menos, entren a formar parte de la agenda política nacional, es necesario que se produzca el encuentro formal entre aquellos que creemos en la política institucionalizada y aquellos del movimiento social. Sólo a partir de este encuentro se pueden producir nuevas líneas de legitimación del ámbito de la política, tanto formal como informal.

Del encuentro entre ambos lados deberían surgir unos partidos políticos como Izquierda Unida, Equo u otras formaciones de similar calado, que se beneficiarían de la movilización de grandes masas de votos. También debería surgir una sociedad civil reforzada por el movimiento en las calles, que no cejara en su empeño de presionar a los partidos políticos para que cumplan con sus compromisos con la ciudadanía, y no sólo con sus nóminas a fin de mes. Sólo si unos se vigilan a otros, si todos mantienen la tensión del debate y la capacidad de diálogo, se podrá parar este proyecto privatizador de la política.

Y el idioma, ¿de qué bando es?

Utilizo Twitter. Habitualmente. Una noche vi como Trending Topic un hashtag que decía #somescola y que constituía la reacción de la sociedad civil catalana frente a una sentencia judicial que ponía en cuestión el catalán como única lengua vehicular en el sistema escolar catalán. En este mar de respuestas entrecruzadas que son los Trending Topic yo lancé la mía al agua. 

La frase comenzó a dar vueltas y vueltas. Muchos la compartían con sus contactos. Otros tantos la contestaban. Gente con gran número de seguidores en Twitter como Jordi Villacampa, Toni Albà o Joan Coscubiela compartieron la frase. Supongo que el hecho de que marcara mi madrileña procedencia y mi apoyo al sistema educativo catalán llamó la atención. Entre las contestaciones había unas más inteligentes que otras. Tanto de apoyo como de rechazo. Procuré no contestar a ninguna, pues poca cosa más se podía añadir.

Ahora hemos estado y seguimos estando de elecciones. En cuatro sitios a la vez: en Galicia, Euskadi, Catalunya y en España –en este último, de hecho, vivimos en una permanente campaña electoral. Y un tema está marcando, por encima incluso de la situación económica, las elecciones en estos cuatro sistemas políticos: la identidad. Unos y otros echan la culpa a la identidad ajena de los males que les acontecen, o ven en el refuerzo de la suya propia la oportunidad para levantar cabeza. Y al igual que el pie derecho va detrás del pie izquierdo cuando caminamos, tras la bandera identitaria viene el idioma. Omitiré deliberadamente el galego de este artículo, ya que nunca he residido en Galicia ni conozco bien su normalización.

Sí que he vivido y trabajado en Euskadi. Y nadie me habló en euskera. Ni por asomo. Casi no tuve oportunidad de aprenderlo pues pocas personas a mi alrededor lo hablaban. Sí pude conocer expresiones básicas y sencillas, y enterarme de que en ese idioma se diferencian a los hermanos de hermanas y a los hermanos de hermanos. Poco más. Casi dos años sintiendo Bilbao como mi propia casa, y un idioma que ni me facilitaron a hablarlo ni me dificultaron evitarlo. Estaba, existía. Eso es todo lo que puedo decir.

Ahora vivo y trabajo en Catalunya. A los pocos días de estar aquí todo el mundo me hablaba en catalán –excepto mi suegro, que es muy suyo y ha tardado un par de años. Cualquier documentación pública está en catalán. Los carteles de la calle, los tenderos –incluso algunos pakistaníes-, los compañeros de trabajo, los compañeros de asociación, en todas partes está el idioma de la tierra, que convive fácilmente con el castellano. Pero que en esta convivencia el catalán está claramente minorizado. Se puede vivir perfectamente en Barcelona sin hablar catalán.

Puedo decir, entonces, que conozco dos modelos de inmersión lingüística que se pueden resumir viendo dos hojas del Boletín Oficial de cada Comunidad Autónoma: en Euskadi la versión en castellano y en euskera van juntas, alineadas, paralelas. En Catalunya la versión es en catalán. Si el objetivo del modelo de Euskadi era hacerme sentir cómodo con mi castellano, lo lograron. Ahora, si el objetivo era animarme a conocer su idioma se equivocaron. Éste vive aislado en un castillo de cotidianeidad propiamente vasca, euskalduna, ajena a las gentes que no quieren verlo. Incluso promocionando que personajes como Mayor Oreja digan con orgullo que quieren ser el primer Lehendakari que no hable el idioma de la tierra.

El catalán en cambio se muestra. Sabe que su fuerza es menor, que hay mucha más gente en Catalunya castellanoparlante que catalanoparlante y que, además, la fuerza comunicativa –diarios, televisiones, películas, libros- está francamente del lado castellano. Sin embargo han ideado un modelo por el cual me facilitó aprenderlo –al menos en Barcelona-, me motivaron y me ofrecieron ayuda pública para ello. Que el catalán sea la lengua vehicular de las escuelas hará que la hija de una amiga, madrileña venida con sólo 6 años, sea capaz de manejar los dos idiomas perfectamente al salir del instituto. Habrán creado un castellanoparlante y un catalanoparlante por el precio de uno. El catalán no se aprende en la calle porque sigue siendo una fuerza minoritaria. El catalán se aprende en los lugares formales, en la escuela, en los centros de formación y en los centros de trabajo, aunque se puede trabajar en Catalunya sin saber catalán.

Venir a Catalunya y aprender catalán sólo me hizo darme cuenta de la ineptitud de mi sistema escolar –y eso que soy de cosecha EGB y no LOGSE. Estuve escolarizado 15 años en la Comunidad de Madrid y nunca me enseñaron ni una sola palabra de las otras lenguas cooficiales de mi Estado. El catalán, el gallego y el euskera son patrimonio cultural del Estado que –al menos de momento- compartimos. Y sin embargo las élites políticas y mediáticas son capaces de utilizarlos para dividir y arrimar el ascua a su sardina.

El catalán, el gallego y el euskera deberían ser obligatorios en las escuelas de toda España. No deberían, evidentemente, tener un peso muy importante en el currículum de cada alumno de fuera de estas regiones, pero sí deberíamos preocuparnos por su salud y sentirlos como propios. El catalán, el gallego o el euskera no se hablan en Rusia. Se hablan aquí, a menos de 1.000 kilómetros de cualquier otro conciudadano.

Te dirán que no tienen peso económico, y yo te contestaré que no valoro la cultura o la historia según lo que puedan pagarme por ella. No todo tiene un precio.

Te dirán que los estudiantes ya tienen demasiado peso en sus estudios, y yo te contestaré que aquí en Catalunya cientos de miles de estudiantes pueden hacer clases de catalán, castellano e inglés perfectamente y que algunos, como mi mujer, estudiaron también francés.

Te dirán que son idiomas que se deben aprender en la calle, y yo te diré que frente a un idioma hegemónico, como es el castellano, hace falta hacer un esfuerzo para conocer y utilizar el idioma minorizado.

Te dirán, algunos catalanes, vascos o gallegos, que sus idiomas son suyos y que no es necesario hacerlos estatales, y yo te diré que el idioma no es propiedad de nadie excepto de todos y cada uno de los que lo hablamos. Y cuantos más seamos, más fuerte lo haremos.

Se inventarán mil y una mentiras, pero la única realidad es que estarán construyendo un problema inexistente sólo para reforzar su línea política. Que enarbolarán la bandera de cualquier idioma para incrustar el miedo en nuestra política y evitar abordar los problemas reales. Nadie habla un idioma para molestar a otro. Nadie tiene la licencia única de un idioma, o del idioma que se hable en un territorio. Y si el Estado ha reconocido la cooficialidad de varios idiomas, debería asegurarse por la protección de todos y cada uno de ellos, por su promoción, por su normalización, por su incorporación a las instituciones políticas –Congreso, Senado- y sociales y sobre todo por su defensa a ultranza de que todos y cada uno de ellos forman parte de nuestro pasado y de nuestro patrimonio cultural. Pero claro, eso sería demasiado didáctico (sic).

Todo se desmorona, de Chinua Achebe

Okonkwo es un gran guerrero, fue el luchador más conocido por entre los poblados de su zona cuando era joven, tiene tres mujeres y un buen almacén de ñames. Es un hombre de éxito. Un hombre respetado. Comenzó de la nada, pidiendo prestados sus primeros ñames a un hombre respetable, arando y cultivando, esforzándose más que el resto. Tenía que salir adelante, porque su padre no le había dejado nada en herencia más que el miedo al fracaso, el miedo a ser como él. Con prudencia y esfuerzo, Okonkwo se ha hecho con varios títulos de su comunidad y puede tener realistas aspiraciones de convertirse en un gran hombre de su poblado, guardián del orden y de las normas que heredaron de las generaciones anteriores.  [Seguir leyendo sobre Todo se desmorona, de Chinua Achebe]

Cuna de gato, de Kurt Vonnegut

La marea de libros de las estanterías de lo nuevo hace muchas veces olvidar que entre todos aquellos libros abandonados por las editoriales en los cuchitriles que acostumbran a ser las librerías de lo viejo se encuentran grandes obras –y en ocasiones geniales autores enteros- abandonados a su suerte. Vonnegut es uno de esos autores abandonado por las editoriales españolas. El día que lo redescubran habrá alguien que se lleve mucho dinero con las ventas de los libros. Mientras tanto, sólo queda rebuscar intentando hacerse con una copia desvencijada de Cuna de gato, una de las obras cumbre de su bibliografía. [Leer más sobre Cuna de gato, de Kurt Vonnegut]